Derechos, Conflictos Sociales y Política

Acerca de

Objetivo

La Línea de Investigación Institucional sobre Derechos, conflictos socio ambientales y política tiene como objetivo realizar un estudio sobre la relación entre exclusión, derechos y ciudadanía, a partir de un enfoque multidisciplinario e interdisciplinario, en él se sugiere, la utilización de diversas técnicas y metodologías de investigación e involucra varias etapas de trabajo a lo largo del proceso: creación de un modelo conceptual sobre la “exclusión” para México en donde a partir del debate teórico se persiga la reformulación conceptual que pueda servir como herramienta para el diseño de instrumentos para medir la exclusión en México; estudio de diversos grupos en situación de vulnerabilidad y su vinculación con los derechos y el concepto de exclusión lo que permitirá identificar las condiciones y causas de la exclusión; formulación de propuestas legislativas y de políticas públicas específicas con base en el estudio de los distintos grupos en condición de vulnerabilidad o exclusión.

Objetivos generales

Realizar un estudio y análisis ordenado y comprensivo acerca de la relación entre exclusión, derechos y ciudadanía, a partir de un enfoque multidisciplinario e interdisciplinario.
Propiciar desde lo académico una reflexión sistemática sobre el estudio de la exclusión, derechos y ciudadanía en términos teóricos – metodológicos.
Definir y redefinir los aspectos teóricos – metodológicos que sirvan de marco referencial para el desarrollo de investigaciones y estudios sobre el tema.

Objetivos específicos

Revisar y analizar las diversas aproximaciones teóricas sobre el tema de la exclusión y su vinculación con el estudio de la ciudadanía y los derechos.
Revisar y analizar las diversas aproximaciones metodológicas utilizadas para el estudio de la exclusión y su vinculación con el estudio de la ciudadanía y los derechos.
Elaborar el estado del arte acerca de los estudios sobre exclusión, en términos metodológicos, de resultados y de las conclusiones obtenidas por estos.
Definir y reelaborar los aspectos metodológicos y técnicos que permitan el estudio del fenómeno de la exclusión de manera clara y objetiva y su vinculación con el tema de la ciudadanía y el ejercicio de los derechos.
Analizar la situación de la exclusión, la ciudadanía y los derechos en México.
Identificar los patrones que asume la exclusión en México y la relación que guarda con el ejercicio pleno de la ciudadanía y los derechos.
Identificar las posibles líneas de acción para intervenir en la solución de este problema a nivel poblacional.
Delinear la mejora, y en su caso la construcción, de los instrumentos para hacer efectivo el ejercicio de los derechos y el pleno disfrute de la condición de ciudadanía.

Estructura

1) Introducción
En el marco de análisis sobre exclusión social se pueden encontrar diversos enfoques que a su vez tienen en cuenta distintas variables y factores los que pueden ser económicos, culturales, políticos, personales, laborales, etc.; pero a pesar de esto todas las perspectivas coinciden en el hecho de que la exclusión social es el resultado de un proceso en el que intervienen muchas variables y en el que pueden diferenciarse diversos momentos en el continuo integración – exclusión social.
Esta postura trata a la vez de reflejar un proceso o situación al nivel del individuo, por ejemplo, su marginalización, y un proceso o situación al nivel de la sociedad, por los efectos excluyentes o discriminatorios que pueden tener sus instituciones. Por otra parte, más que elaborar sobre las manifestaciones de la pobreza o identificar grupos pobres, este concepto enfatiza los procesos que llevan a ella, su multidimensionalidad, así como a los agentes e instituciones asociados con estos procesos.
Si bien el planteamiento anterior pone en perspectiva el uso del concepto de exclusión, autores como Minujin señalan que la vaguedad del mismo provoca su uso en situaciones muy distintas, lo que implica pérdida de su especificidad. Por tanto, acotarlo a situaciones específicas tiene una gran relevancia analítica porque permite el estudio de las desventajas acumuladas. Desde esta visión, la noción de vulnerabilidad es de gran utilidad, ya que permite reflejar una amplia gama de situaciones intermedias, es decir, de exclusión en algunos aspectos o esferas, e inclusión en otras
Tanto la inclusión social como la exclusión, se dirimen en diversas esferas de la vida política, económica, social, cultural y ambiental, así situaciones de inclusión parcial en una u otra esfera implican riesgo y vulnerabilidad, es decir, el estar excluido en una esfera no implica necesariamente estarlo en las otras. La falta de éxito no conduce necesariamente a la exclusión, pero ciertamente multiplica las posibilidades de caer en ella.
En este sentido algunos autores se refieren al proceso de “acumulación de desventajas” o acumulación de fallas, o de vulnerabilidades como el que lleva a la exclusión (Fitoussi y Rosanvallon, 1996; Kessler y Golbert, 1996). Estas desventajas pueden constituir una suerte de marca inicial, como en el caso de las niñas y niños pertenecientes a hogares pobres, o irrumpir en cualquier momento de la vida, tal como les sucede a las familias de sectores medios que se ven empujadas por el proceso económico a la pobreza. La problemática se complica en función del vínculo que se establece entre pobreza, falta de oportunidades y capacidades; los pobres entran en un círculo vicioso del que cada vez es más complicado salir (Cruz, 2005).
La exclusión de acuerdo con el análisis de Castel, es un fenómeno que no constituye tanto un estado de cosas sino más bien un proceso. Castel explica estos procesos de diferenciación social que están desvertebrando nuestras sociedades mediante tres grados de cohesión social: a) integración, b) vulnerabilidad y c) la exclusión. El primero de ellos queda claro, así que se desarrollaran los dos últimos elementos que según el autor hacen a la cohesión social.
La vulnerabilidad significa enfriamiento del vínculo social y precede a su ruptura y se produce como conjunción de diversos factores, la precariedad en el empleo (que incluso se hereda y se ha hecho en todo caso estructural al aparecer la alternancia, los contratos temporales, etc.) y la fragilidad de los soportes relacionales, los propios de la familia y el entorno familiar y cultural que ya no ofrecen la protección próxima, produciéndose así una desestructuración de los ciclos de vida normalmente secuenciales al quedar amenazada no ya la integración por el trabajo sino la inserción social al margen del trabajo; la falta de capacidades, sobre todo en lo que se refiere al acceso a la educación, a la participación ciudadana en la toma de decisiones de carácter público y, a la justicia; como se advierte, todos estos elementos están íntimamente ligados a la inequidad, por un lado, y a la justicia social, por el otro.
La exclusión es el ámbito de la marginalidad y la desafiliación y es donde culmina el proceso, manifestándose en situaciones límite de marginalidad extrema, de aislamiento social y pobreza absoluta.
De acuerdo a este planteamiento, sería incorrecto sostener que el problema de la exclusión sólo responde al binomio sin trabajo – exclusión, como si se tratara de una relación directa. La exclusión pertenece a la categoría de fenómenos que deben ser reconocidos como sociales y globales. En definitiva, la exclusión social es un fenómeno estructural que se relaciona con los procesos sociales ocurridos en nuestra sociedad en las últimas décadas y que excluye a ciertas personas y grupos de la posibilidad de ser considerados como ciudadanos de pleno derecho.
Lo dicho hasta el momento permite entonces entender a la exclusión social como un concepto dinámico y mucho más amplio que el concepto de pobreza en el sentido de que aquélla no hace referencia exclusivamente a la escasez de ingresos. Es decir, que se trata de un concepto más complejo por su carácter multidimensional y sus consecuencias son también más graves porque entrañan desigualdad social y lleva consigo el riesgo de una sociedad fragmentada; lo cual impide la materialización de un Estado social y democrático de derecho, en el que se alcance la igualdad entre las personas a través de una mayor distribución de la riqueza y el ingreso; el fortalecimiento de las capacidades de todos los actores sociales; y la plena garantía de los derechos fundamentales..
La transformación vertiginosa de la sociedad a partir de la revolución tecnológica, el cambio profundo de los procesos de producción, el fortalecimiento del sector privado, particularmente las grandes corporaciones multinacionales; frente al debilitamiento del papel del sector público; el ingente predominio de posturas políticas neoliberales que potencian la desregulación y la desprotección social, y una preocupante tendencia de desvertebración social son, entre otras, algunas de las circunstancias citadas por los teóricos de la exclusión social a la hora de explicar que la problemática de la exclusión social no es algo concreto y casual que va más allá de la pobreza y la desigualdad social, sino la manifestación de los procesos de cambios actuales que conducen a una nueva realidad social, la cual se mueve bajo las reglas de la globalización y se caracteriza por una serie de dualismos, riesgos y estratificación social (Tezanos, 1999; Beck, 1998 y Harms, H. y Pereyra, 2006), mismos que impulsan la conformación de una alianza social que busca redimensionar su naturaleza para constituir una sociedad civil capaz de lograr un equilibrio entre los intereses de los grupos de poder y los de carácter público (Ramoneda, 1999).
Es por esto, que el concepto de exclusión social que en su significación originaria se refería a las condiciones de marginación y desprotección en las que vivían ciertas personas pasa a adquirir una concepción más amplia, como exclusión de la plena condición de ciudadanía. Así, nos encontramos frente a una crisis estructural que erosiona numerosos elementos del entramado social y que pone en duda la propia aplicación práctica de la noción de ciudadanía social, tal como fue descrita por Marshall en 1964.

II. Justificación de la propuesta

Aproximarse al estudio de los derechos, los conflictos sociales y la política, dimensiones que son atravesadas por los conceptos de exclusión social y ciudadanía, cobra una renovada importancia en la actualidad debido a las nuevas formas de crecimiento económico, a los cambios demográficos y de los sistemas de valores, lo que hace que se vuelvan fenómenos multidimensionales, ya que impactan en diversos ámbitos de la realidad social (en el mundo del trabajo, de la educación, de la salud -en sentido amplio-, de la vivienda, del ambiente, del acceso a servicios e instituciones, entre otros); así mismo, se trata de un fenómeno dinámico interconectado con el acontecer cotidiano y con la participación efectiva y eficaz de los ciudadanos en la vida política, social y económica del país. También porque en el entendido de que es un fenómeno en crecimiento pone sobre la mesa la idea de su dinamismo y que los procesos sociales causales están en pleno desarrollo y no se vislumbra una solución clara.
Cabe mencionar que en el contexto de los estudios de derechos, conflictos sociales y política, los temas ambientales más diversos cobran relevancia en razón de que la disciplina jurídica ambiental es parte del discurso de los derechos humanos, de la exclusión social, y de la elaboración de políticas y fomento de la participación ciudadana.
En este sentido nuestro punto de partida es comprender que el deterioro ambiental y el avance de la pobreza son dos de los signos más evidentes de la crisis social de nuestro tiempo (Leff, 1999). Cuando hablamos de pobreza, no sólo nos referimos a ingresos bajos o nulos, sino a la carencia de bienes y servicios indispensables para vivir dignamente (agua potable, vivienda, salud, educación, vestido, acceso al crédito y, entre otros, a la justicia), (Cruz, 2005).
La relación entre pobreza y medio ambiente va en doble sentido, por un lado, los pobres padecen los efectos del deterioro y de la contaminación ambiental y, por el otro, impactan el medio ambiente y los recursos naturales al verse obligados a desarrollar acciones para sobrevivir (Iglesia-Caruncho, 2002). Ello limita el ejercicio de los derechos sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales en un marco de integración nacional que debe suponer la participación plena de todos los individuos y organizaciones interesados en la toma de decisiones de carácter público que les involucren.
Esto tiene plena vigencia en el actual Estado social y democrático de derecho, en el que la participación es indispensable tanto para ampliar los derechos que corresponden al cuerpo social (como individuos y como colectivos) cuanto para ejercer un efectivo control vertical sobre los órganos del poder (Valadés, 2004). Por ello, convergen en esta variante estatal los derechos de libertad, justicia social y democracia.
Entender al desarrollo sustentable implica entonces una nueva visión del desarrollo que incorpora factores económicos, sociales y ambientales a un mismo nivel. Así, la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo, señala que el derecho al desarrollo es “un derecho humano inalienable en virtud del cual todos los seres humanos y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él” (artículo 1º).
Evidentemente, esta definición está orientada al fortalecimiento de la ciudadanía, lo cual implica superar la desigualdad y cristalizar la equidad social, ambas condiciones requieren de la intervención estatal para crear normas y políticas públicas eficaces y eficientes que propicien el goce y disfrute de los derechos económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales; en tanto esto no suceda, el compromiso de los operadores constitucionales de garantizarles (Pisarello y De Cabo, 2000) se ve completamente frenado.
Por último y aunque el entendimiento de la problemática ambiental supone una visión antropocéntrica de las cosas, la búsqueda ideal en la conformación de un cuerpo jurídico habrá de insertar la igualdad biosférica traducida en una forma atípica de entender los derechos de todos los seres vivos, y en transportar la idea de la exclusión, desigualdad y discriminación a otras formas de vida.
Ahora y desde una perspectiva sistémica, una de las características de las modernas sociedades diferenciadas refiere a las grandes dificultades de una regulación global de la inclusión, ya que ésta queda mayormente a cargo de las posibilidades simultáneas de los diferentes sistemas sociales (economía, política, derecho, educación, salud, etc.). El espacio de la exclusión corta transversalmente la sociedad toda, y se ve reforzada si se suman las desventajas de estar excluido, a un mismo tiempo, de distintos ámbitos.
Desde la mirada del derecho se observa esta realidad y se constata como carencias en la vigencia de derechos económicos, sociales, ambientales, políticos, así como los referidos al propio acceso a la justicia, entre otros. Desarrollar mayores capacidades de inclusión depende en buena medida de poder liberar el potencial de racionalidad de los distintos sistemas, basada en criterios universalistas, a partir de una mayor autonomía en su funcionamiento, pero también de los aportes que brindan a los restantes sistemas cada uno de ellos. Sin embargo, uno de los problemas vinculados al desarrollo de una mayor eficacia en la capacidad de inclusión de, y en, los diferentes espacios o sistemas sociales refiere a los criterios y/o mecanismos realmente operantes mediante los que ésta se logra. Es decir, existen diferentes formas de la “inclusión, y de sus características dependen las posibilidades de una mayor eficacia global.
En México, como en muchos otros países, tienen una gran relevancia la presencia de redes sociales de inclusión de las que depende el acceso a servicios públicos, derechos y otros posibles beneficios. Así también, un gran número de importantes actuaciones institucionales dependen para operar (o no), de la presencia de dinero o influencias personales en lugar de las condiciones establecidas legalmente, las que sólo funcionan como incentivo para su evitación. Es decir, la vigencia y sedimentación de importantes redes de corrupción. Los ejemplos son muchos y conocidos: cuando la legalidad estatal se subordina a redes de influencia partidaria, el “ciudadano” de convierte en “cliente”, cuando la posibilidad de evitar una detención policial depende, casi con certeza, de contar con dinero o con amigos los criterios legal/ilegal dejan de ser centrales en la orientación de la acción, así también en una licitación, en una averiguación previa, en un examen, etc. Estas condiciones, si bien de fuerte sedimentación, no se mantienen sin cambios y posiblemente hayan sufrido transformaciones en los últimos tiempos, aunque con diferencias en los ámbitos federal, estatal y municipal.
Los intereses de investigación se focalizan, desde esta perspectiva, y acotando su alcance, al funcionamiento de las instituciones de seguridad y justicia penal. Un ámbito de lo social y de lo jurídico que ha cobrado mayor interés en las últimas décadas, luego de la mayor preocupación en la transición a la democracia por la inclusión “política”. Es decir, conocer las lógicas de la “inclusión” y la “exclusión” en el funcionamiento de dichas instituciones. Para ello será necesario describir y explicar las prácticas cotidianas de sus organizaciones y de los diferentes operadores del derecho: desde el policía, pasando por los agentes del ministerio público, peritos, jueces, etc.
En definitiva, se busca desarrollar una línea de investigación aplicada que, a partir privilegiadamente de insumos teóricos de la sociología jurídica, busque dar cuenta de la estructuración de dichas prácticas institucionales, de conocer a qué incentivos obedecen, y por tanto, cuáles son los criterios operantes que determinan el acceso, o no, a los “derechos” legalmente establecidos.

III. Aspectos teórico – metodológicos utilizados en estudios sobre el tema

Desde mediados de la década de los setenta en los países de América Latina se dio un aumento significativo de la pobreza, de la desocupación y de la precarización del trabajo (flexibilización laboral y fragilización de los soportes relacionales). La precarización del trabajo a través de la transformación del mercado laboral fue acompañada de un deterioro de los soportes relacionales que brindan una protección significativa.
En este sentido la exclusión social es un fenómeno que necesariamente remite para su comprensión a su opuesto: la noción de inclusión social. Así, la idea de exclusión social refiere a todas aquellas condiciones que permiten, facilitan o promueven que ciertos miembros de la sociedad sean apartados, rechazados o simplemente se les niegue la posibilidad de acceder a los beneficios institucionales. Ambos fenómenos (exclusión-inclusión) son producto de una misma dinámica, los miembros excluidos se ven afectados por la inclusión de otros.
Desde la década de los 90 esta idea de exclusión social ha pasado a formar parte de debates científicos más amplios tales como los efectos sociales de la globalización y las implicaciones que la crisis fiscal tiene para con el futuro del “estado de bienestar” del Norte y el estado desarrollista del Sur.
Ahora bien, se debe reconocer que el concepto de la exclusión social ofrece ciertas ventajas ya que aporta una perspectiva analítica integrada y dinámica que revela los procesos; la agencia; y la multidimensionalidad de la desventaja. También aporta un marco de referencia para analizar las relaciones entre los medios de vida, el bienestar y los derechos, lo que permite relacionar la situación social y económica con la idea de la ciudadanía.
Es por esto que el concepto de exclusión social hace referencia a un proceso de desintegración social en el sentido de una ruptura progresiva de las relaciones entre el individuo y la sociedad.
Este puede ser analizado entonces como un atributo de las personas que se centra directamente en la clase de vida que está teniendo la gente. Aquellas personas o grupos que quedan excluidos se les considera que están en una situación de desventaja, de la misma manera como se consideran en desventaja aquellos con bajos ingresos.
Pero el uso de la idea de la exclusión social va más allá de una limitada definición de la pobreza como una falta de ingresos o de bienes materiales. El describir a personas como “socialmente excluidas” (en lugar de describirlas como “pobres”) es sugerir que, en cierto sentido, están socialmente aisladas, que “tienen” o han experimentado una débil forma de relación social.
A los socialmente excluidos les pueden faltar vínculos con la familia, la comunidad local, las asociaciones voluntarias, los sindicatos o hasta con la nación, podrán también tener desventajas en cuanto a la medida de sus derechos legales o de su capacidad para realmente ejercerlos. Pero esta perspectiva también ve la desventaja personal como una situación multidimensional y en contraste con las tradicionales ideas sobre el estándar de vida y la pobreza, y fusiona los aspectos de la desventaja relacionados tanto con el consumo como con el trabajo.
Finalmente, se centra en la dinámica de la causación cumulativa, describiendo los efectos de una retroalimentación positiva que refuerzan la desventaja y que la pueden hacer irreversible, así como también sobre los factores que pueden evitar los procesos de marginalización y de “desafiliación social”.
Es así que esta forma de describir la desventaja dirige la atención a la capacidad de las personas para cambiar su posición dentro de una distribución de ingresos y jerarquía social, así como a la manera en que se distribuyen los ingresos y la forma de la jerarquía misma.
Desde otra perspectiva la exclusión social puede ser vista como una propiedad de las sociedades la cual puede definirse de varias maneras. En este sentido un enfoque útil es asumir una perspectiva institucional en la que la exclusión social se vuelve una propiedad del marco institucional básico y de los arreglos institucionales vigentes dentro de los que tanto las personas como los grupos “escogen opciones y continúan con su trabajo diario de ganarse la vida”.
En este contexto el fenómeno de la exclusión no se concentra en las personas sino en las instituciones, en sus reglas, tanto formales como informales, explícitas y tácitas, las que pueden permitir o limitar la interacción humana.
La exclusión social está presente como una propiedad estructural de un sistema socioeconómico cuando: (a) una sociedad está dividida en segmentos y los diversos segmentos de la sociedad se organizan en base a diferentes reglas, procesos e instituciones que producen diferentes sistemas de incentivos y desincentivos ante los cuales responden las personas; y, (b) las reglas que permiten y limitan el acceso y la titularidad sobre los bienes, servicios, actividades y recursos son injustas en el sentido de que a ciertas categorías de personas se les niegan oportunidades que sí están abiertas a otras personas semejantes.
Ahora, la exclusión social es una propiedad de la sociedad si están presentes formas de discriminación racial, sexual y de otra índole; si están segmentados los mercados mediante los cuales las personas pueden ganarse la vida; o si los bienes públicos, que en teoría deberían estar al alcance de todos, sólo son semi-públicos.
La exclusión social siempre se ve como un estado de malestar o discapacidad (pérdida de poder, inhabilitación) que experimentan las personas y los grupos. Como una descripción de la desventaja individual, la exclusión social abarca tanto problemas de bienestar (tal como se le entiende convencionalmente en los análisis económicos de la pobreza) y de agenciamiento (la incapacidad de las personas para encontrar empleo, para ganarse la vida o medios a través de los cuales se alcancen los derechos).
Como una característica de la estructura de las sociedades, la exclusión social se manifiesta en repetidos patrones de relacionamientos sociales en los que a personas y grupos se les niega acceso a los bienes, servicios, actividades y recursos concomitantes con la condición de ciudadanos.
Finalmente, los estudios también han demostrado que la exclusión social puede analizarse como un proceso, lo que implica ir más allá de mecanismos de asignación de recursos y pasar a relaciones de poder, cultura e identidad social.
Con esta perspectiva, se puede pensar en la exclusión social como un concepto multidimensional de la pobreza que, en particular, introduce aspectos de participación social y realización de derechos dentro de su conceptualización. La pobreza material puede verse como una forma particular de exclusión social.
Lo que podría ser más importante respecto a la exclusión social como concepto a nivel individual, es que se refiere a procesos de empobrecimiento. El concentrarse en los procesos más que en los pobres permite el análisis causal. Dirige la atención tanto a la variedad de maneras en las que la gente se vuelve pobre como a la variedad de maneras en que se puede salir de la pobreza. Particularmente señala los vínculos entre la pobreza y el empleo, y las maneras en que ciertos tipos particulares de derechos ciudadanos permiten la participación social y ocupacional.
Se podría también sugerir que los “modelos de exclusión” ofrecen una amplia clase de explicaciones para la desigualdad de ingresos. La exclusión social se vincula al proceso de adquisición de ingresos, ya que esto involucra el acceso a activos de varias clases (incluyendo factores convencionales de producción y de capital social) y a las corrientes de ingresos que pueden derivarse de éstos.

IV. Aspectos metodológicos de la propuesta

4.1. Ejes analíticos
Desde el punto de vita metodológico se propone el siguiente esquema relacional, donde se presentan las diversas dimensiones y ejes analíticos que serán tomados en cuenta para el desarrollo del trabajo, esto permitirá la inclusión de una diversidad de vertientes de trabajo que en principio cubrirían la mayoría de los aspectos sociales que están involucrados en el fenómeno que se quiere estudiar

4.2. Etapas para el desarrollo de la propuesta
El proyecto de investigación como se decía de manera resumida antes en este documento, consta de tres etapas que permitirán alcanzar el objetivo general a través del logro de los objetivos particulares de cada etapa.

1ª etapa- Creación de un modelo conceptual sobre la “exclusión” para México
En esta etapa se pretende, a partir del debate teórico, formular un concepto que pueda servir como herramienta para el diseño de instrumentos que permitan medir la exclusión en México. Esta teoría sobre la exclusión, en contraste con un marco normativo de derechos hará posible identificar la forma en que se configuran los grupos en condición de vulnerabilidad y discriminación.
La metodología consiste en el análisis de la bibliografía sobre el tema de la exclusión, así como la construcción de su vinculación con el tema de ciudadanía y derechos para llegar a una propuesta teórica propia.

2ª etapa- Estudio de algunos grupos en situación de vulnerabilidad utilizando la herramienta teórica desarrollada en la etapa anterior
Teniendo el marco de derechos y el concepto de exclusión se determinarán las diversas condiciones y causas de la exclusión, haciendo cortes analíticos e identificando grupos específicos.

Los grupos propuestos para realizar una investigación aplicada a partir del concepto de “exclusión”, en su interrelación con la ciudadanía y los derechos son los siguientes:
• Niñas, niños y adolescentes: Este grupo distinguido por la condición de minoría de edad, puede identificarse dentro del concepto de exclusión, ya que, por diversos factores culturales, sociales y jurídicos, están al margen de la ciudadanía y, por tanto, de la participación en las decisiones democráticas. En este sentido, es interesante el estudio de la forma en que la exclusión se configura a partir de la misma asignación de ciertos derechos vinculados a la condición de mayoría de edad, heredada desde las primeras declaraciones de derechos, que establecieron condiciones para ser titulares, vinculadas especialmente con la autonomía.

• Desplazados ambientales: En este grupo se ubican las personas que se ven obligadas a migrar a causa de problemas derivados con el ambiente, bien de forma temporal o definitiva (UNHCR, 2002), según se trate de desastres naturales, deforestación, desertificación, inundaciones, sequías, o de políticas públicas, como la construcción de presas. Sea cual sea el motivo del desplazamiento, éste tiene serias implicaciones sociales y económicas sobre las personas, quienes, generalmente, se encuentran inmersas en la pobreza y al perder sus medios y/o modos de subsistencia les es muy difícil recuperarse y reintegrarse a la sociedad. En este contexto, resulta fundamental el estudio los canales participativos de las personas vulnerables a los desplazamientos ambientales, a efecto de lograr su participación efectiva y eficaz en la vida política, social y económica del país; lo que debe contemplar su consideración en todas aquellas acciones de carácter público que puedan perjudicarles (De la Peña, 1999); entre ellas, el diseño e implementación de acciones de planificación y prevención ante desastres naturales.

• Pueblos y comunidades indígenas: Esta categoría suele identificarse con una “minoría” integrada por personas que hablan idiomas distintos al castellano y cuyas raíces y comportamientos culturales, les hacen diferentes a la “mayoría”, la cual, en México, está integrada por la población mestiza (Navarrete, 2008). La marginación indígena, como fenómeno estructural y sistemático, se remonta al estilo de desarrollo nacional y se exacerba con otros factores de índole político, social y cultural, impidiendo a este grupo el ejercicio de sus derechos. Por tanto, en una nación de composición pluricultural, como la mexicana, resulta impostergable el análisis sobre el reconocimiento de los derechos de los indígenas, entre otros, a libre determinación, la autonomía y el acceso preferente a los recursos; así como respecto de las garantías necesarias para hacerlos efectivos. Lo anterior, implica la materialización de derechos diferenciados; esto es, el reconocimiento de derechos específicos con base en diferencias étnico-culturales (Leyva, 2005), o lo que podríamos llamar la igualdad en la diferencia.

3ª etapa- Propuestas legislativas y de políticas públicas
En esta tercera etapa, sobre la base del estudio de los distintos grupos en condición de vulnerabilidad, se pretende la creación de propuestas específicas que permitan superar, en alguna medida, la exclusión.

Actividades

I. Resultados y productos que se esperan del trabajo del grupo

Como parte del proceso de trabajo del grupo y asumiendo que la línea desarrollará su trabajo con miras al logro de los objetivos planteados más arriba en este documento, los integrantes esperan obtener los siguiente productos cono resultado de su trabajo, pero reconociendo que en la medida que se avance en el proceso se irán concretando y elaborando otros que a partir de los hallazgos revistan interés y utilidad para la continuación de la investigación:

1ª etapa.- Modelo teórico- metodológico sobre la exclusión y su vinculación con la ciudadanía y los derechos.
Producto: Publicación

2ª etapa.- Investigación sobre grupos en situación de vulnerabilidad.
Resultados de la investigación aplicada a partir de los cortes analíticos.
Producto: Publicación con los resultados de las investigaciones.

3ª etapa- Propuesta legislativa y de políticas públicas para combatir la exclusión.
Producto. Publicación con las propuestas.

II. Seminario permanente de discusión

El grupo de trabajo con el afán de discutir, intercambiar ideas y analizar el tema que se propone investigar desarrollará un seminario permanente sobre los aspectos teóricos y metodológicos incluidos en los diversos estudios existentes.
El seminario se realizará de manera periódica y además de los integrantes paramentes del grupo se extenderá la invitación a otros investigadores, técnicos académicos y estudiantes de distintos niveles de formación que puedan aportar a la discusión y así contribuir al éxito de la línea de investigación.

III. Formación y promoción de la investigación

Con miras a promover la formación y la promoción de los resultados del trabajo del grupo, se ha pensado, en principio, en dos estrategias que están vinculadas entre sí, por un lado, en el establecimiento de redes de trabajo a nivel nacional e internacional que permitan el intercambio de ideas y resultados de los trabajos, y por otro lado en la participación en eventos tanto nacionales como internacionales donde los miembros del grupo de trabajo pueden hacer visible los avances del trabajo.
Ambas alternativas serán de fundamental importancia para la organización en el mediano plazo de un encuentro internacional donde se pueda debatir y poner en común los trabajos existentes relacionados con el tema central de la propuesta y con los diferentes ejes de análisis que se proponen abordar en esta investigación.

Integrantes

Instituto de Investigaciones Jurídicas

Otras entidades

Mylai Burgos Matamoros (UACM)
Pauline Capdeville (IIJ/UNAM)
Catalina Pérez Correa (CIDE)

Artículos

Obra Colectiva de la Línea de Investigación «Derechos, conflictos socio-ambientales y política»”, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ciudad Universitaria, D. F., 12 de febrero de 2014

IIJ/UNAM y CIDE 2015

“Estudio sobre el derecho a la no discriminación y su relación con la pobreza en México, 2013-2014”, para el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en el marco de la línea de investigación institucional: Derechos,

Videos

Línea de Investigación Derechos, Conflictos Socio-Ambientales y Política

20 Septiembre 2011
Mesa 1. Exclusión, Desigualdad y Opresión
Mesa 2. Derecho y Mecanismos de Exclusión
Mesa 2. Derecho y Mecanismos de Exclusión (Segunda Parte)
Mesa 3. Ambiente, Vulnerabilidad y Exclusión

Contribuir

Si desea participar, colaborar institucionalmente o patrocinar esta línea de investigación contactar a:

Dr. Enrique Mauricio Padrón Innamorato