México ha experimentado reformas paradigmáticas en materia de derechos humanos y acceso a recursos energéticos, estos últimos enmarcados en las áreas estratégicas del Estado que involucra la extracción de hidrocarburos en yacimientos de lutitas; sin embargo, en aras de posibilitar la materialización de la reforma sobre energía se procedió a un proceso desregulatorio que pone en riesgo la garantía de los derechos humanos a un medio ambiente sano, al agua, a la salud y al desarrollo, por citar algunos; lo cual puede dar lugar a la responsabilidad internacional del Estado y comprometer el desarrollo sustentable nacional a mediano y largo plazos.

En este sentido, nos interesa analizar el rol que ha jugado el fenómeno de la globalización económica en el marco del extractivismo clásico, en el que grandes corporaciones transnacionales subordinan al Estado y operan en economías en las que se extraen y exportan los recursos naturales, casi directamente, sin generar relaciones económicas a nivel local o regional; lo cual provoca graves impactos sociales y ambientales que se desdibujan al poner énfasis en la inversión, en muchos casos, extranjera directa, que dicho sea de paso, cuentan con un andamiaje de protección capaz de subordinar cualquier consideración social y ambiental, lo que podría dar lugar a conflictos socioambientales a causa de la vulneración de diversos derechos humanos.